El 26 de abril de 2011 se cumplen veinte años de la muerte de Walter Bulacio. Veinte años de búsqueda de justicia, pero también de la corrupción en el corazón de la democracia argentina, donde las políticas represivas encubiertas, fraudulentas y, aun así, rutinarias quedan al descubierto. En 1991, el pibe rockero de Aldo Bonzi cuyo nombre terminaría convirtiéndose en bandera de movilización, partió con sus amigos del barrio en un micro escolar alquilado hacia el estadio Obras. Aquel 19 de abril los Redondos tocarían los temas de¡Bang! ¡Bang!. Estás liquidado, que por entonces era su último disco. María Ramona Armas de Bulacio, la abuela de Walter, lo despidió en su casa y le dio 120 mil australes. "Cuidate", le dijo a su nieto preferido. Los que tenían entradas pasaron rápido. Los que no, como Walter, se inquietaron: en un operativo liderado por el titular de la comisaría 35ª, Miguel Ángel Espósito, la policía había desplegado una presencia agresiva (en parte, contratada por la organización del recital y firmada en una boleta por la Negra Poly) y se estaba llevando a todos los que estaban dando vueltas. A las nueve y media de la noche levantaron a Bulacio.

Mientras la noche avanzaba y Walter permanecía junto a otros diez pibes en la Sala de Menores de la comisaría, un aneurisma detonó en su cabeza. En la mañana del sábado 20 -sin haber recuperado todavía la libertad- fue trasladado en una ambulancia del CIPEC al Hospital Pirovano, desde donde lo derivaron al Fernández porque no funcionaba el tomógrafo. "Su hijo estaba borracho y drogado", les dijeron en la comisaría a los padres, cuando llegaron a buscarlo, luego de enterarse demasiado tarde de que estaba detenido. "¿Te pegaron, negrito?", le preguntó Víctor Bulacio a su hijo cuando finalmente lo pudo ver. El pibe asintió. Al médico que lo recibió le había dicho quién: "La yuta". El domingo 21, Walter recaló en el Sanatorio Mitre, donde no pudieron evitar que entrara en coma y que una semana más tarde falleciera. Todavía quedaba en la pared de la Sala de Menores de la comisaría el graffiti rudimentario que uno de los detenidos había raspado con su birome, al lado de sus nombres: "Caímos por estar parados. 19/4/91".

"Lo que verdaderamente se discute en esta causa es el sistema de facultades policiales para detener personas arbitrariamente", considera ahora María del Carmen Verdú, la abogada de la familia Bulacio y fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Los vericuetos por los que se movió el proceso se ven como la cloaca laberíntica del sistema judicial argentino: un entramado virtual de discusiones técnicas, de posibilidades teóricas sin anclaje en lo real y -para peor- de voluntades concretas para la dispersión. Tal vez, esta causa no acabe nunca.

Desde 1996 -cuando finalizó la etapa instructiva- se sucedieron las medidas de la defensa para dilatar los plazos del juicio. Una detrás de otra. Pero ese año también es un punto de quiebre en el que la movilización popular por justicia alcanzó su auge con festivales que convocaban bajo la consigna "Por Walter y por todos" (incluido el del Parque Rivadavia, que juntó a 40 mil personas y dejó una pelea sangrienta entre punks y skinheads que se cobró la vida de Marcelo Scalera). Mientras tanto, los Redonditos de Ricota habían partido al exilio y tocaban sólo en el interior del país. Su posición con respecto al caso era de silencio y pocas veces hablaban del tema. La abuela de Bulacio, María Ramona, se transformó en aquellos años en uno de los pilares de las marchas contra la impunidad. "Es una india dura", dicen los que la conocen. A los 82 años -y presa de una larga enfermedad que le impide hablar con Rolling Stone- todavía lucha.

Mientras la Justicia argentina se mareaba en su propio enredo, la familia Bulacio llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue recibido en el año 2001, poco antes de que prescribiera en nuestro país. La sentencia de San José de Costa Rica llegó el 18 de septiembre de 2003: el Estado Argentino, entonces, fue condenado. La Corte Interamericana ordenó que la investigación debía proseguir, que el Estado debía garantizar que no se repitieran hechos de esta naturaleza y que la familia debía ser indemnizada.

En la realidad perversa de esta causa parecía que nunca iba a llegar el momento en que la familia de Walter se preparara para enfrentar al titular de la comisaría donde el muchacho había comenzado a morir, pero en el año 2009 el caso fue, por fin, elevado a juicio. Miguel Ángel Espósito, que hoy tiene 68 años y serios antecedentes cardíacos, no enfrentará a la Justicia por el homicidio de Bulacio. La muerte se produjo por un aneurisma, pero los jueces no consideraron que su estadía ilegal en la cárcel o el golpe que Espósito le habría dado en la cabeza con una cachiporra (según declaró un ex policía que luego sería apartado de la causa) pudieran haber tenido algo que ver con el derrame cerebral. El delito del que el comisario no pudo zafar, y por el que será juzgado, es el de "privación ilegal de la libertad, calificada". La pena máxima es de seis años de cárcel.

Sin embargo, el juicio, que estaba previsto para este mes de abril y que debía llevar acabo el Tribunal Oral en lo Criminal número 29 de Capital Federal, se ha vuelto a posponer para dentro de un par de meses. Esta vez, porque uno de los jueces se jubiló y el tribunal quedó incompleto. Parece mentira. O una última e infame casualidad. ¿Realmente lo es?